Pensar Magallanes y sus limitaciones producto del aislamiento y lejanía ha sido un desafío permanente para el Estado de Chile. Con decisión el presidente Allende y décadas después la presidenta Bachelet apostaron al desarrollo del territorio apoyando iniciativas por medio de mejorar las condiciones para su viabilidad y competitividad. En esa misma línea el presidente Boric en mayo de 2022 anunció que daría continuidad al Plan Especial de Zonas Extremas (PEDZE), pero esta vez transformándolo en una política permanente del Estado. De esta forma, asume el compromiso de tener un apoyo permanente para el desarrollo equitativo de Magallanes, haciéndose cargo de mejorar una serie de características que generan brechas de rezago competitivo del territorio. Este reconocimiento, se traduce en un mayor aporte financiero permanente en el tiempo para iniciativas de infraestructura y transforma al PEDZE en la principal herramienta complementaria para impulsar y dinamizar el desarrollo económico de Magallanes.

Pensar el desarrollo equitativo de Magallanes requiere sin duda una mirada descentralizada y participativa. Cada magallánico, en cada punto del territorio, debe sentirse considerado e incluido en nuestra apuesta para mejorar condiciones e infraestructura para el desarrollo. Los lineamientos y requerimientos del procedimiento para concretar el PEDZE exigen la participación ciudadana como una forma de asegurar que los proyectos sean producto de la información, ideas y necesidades expresadas por las personas y organizaciones sociales comunales y regionales que habitan el territorio. La idea en general es identificar una serie de necesidades que pudieran transformarse en iniciativas que integren la cartera de proyectos del PEDZE. Para ello se requería comenzar desarrollando diálogos en cada comuna de Magallanes (como se hizo), pero de la misma forma resultaba fundamental realizar “el retorno” de ideas, es decir, un proceso de participación ciudadana de salida, para verificar que la cartera final de iniciativas que conformarán el nuevo PEDZE tiene correspondencia con las ideas, necesidades y anhelos expresadas por las y los vecinos.

Por acción u omisión el Consejo Regional (CORE) consideró que el PEDZE fue presentado sin la participación ciudadana de salida como exige el decreto. Es decir, el CORE estimó que no se han acreditado acciones que permitan concluir que el proyecto fue presentado a la sociedad civil y organizaciones que participaron para su conocimiento u observaciones. Las reacciones fueron variadas desde obstruccionismo hasta todo en regla, desde problemas de interpretación hasta incompetencia, todo depende de la tribuna desde donde se discursea o los intereses que quieras relevar. Sin embargo, creo que la solución al conflicto es mucho más simple, basta preguntar: ¿Quién conoce la cartera de 87 proyectos que conforman el PEDZE? Salvo el CORE o el Ejecutivo nadie ha tenido acceso a la información, nadie ha podido generar observaciones. La respuesta es obvia.

Desde diversas tribunas distintos actores han criticado el secretismo que ha rodeado la conformación de la cartera de proyectos del PEDZE. Sólo el Gobernador y su equipo han sopesado las ideas y anhelos de la comunidad para traducirla una lista priorizada de proyecto a financiar y ejecutar. ¿Es el resultado reflejo de lo propuesto por la sociedad civil? No tenemos como saberlo ya que no se ha presentado el Plan a la comunidad o al menos a los participantes de su fase consultiva. El centralismo exacerbado podría tener una justificación técnica, pero desde lo político e incluso desde los principios de las fuerzas que sustentan al gobernador representa una contradicción. El PEDZE debió en todo momento ser un proceso abierto, integrador y unificador.

Discutir porqué no hubo participación ciudadana de salida nos deja un manto de dudas sobre la toma de decisiones del gobierno regional. Si es sólo un problema de interpretación y se sostiene que sí hubo participación implicaría que la comunidad interesada está al tanto de la cartera de proyectos, pero eso no ha ocurrido. Si se trata de una acción y la autoridad ejecutiva decidió no hacer la consulta (por los motivos que sea) estamos en un problema grave ya que implicaría que la autoridad se posiciona en la toma de decisiones por encima de la voluntad de sus representados y la normativa. Si estamos en presencia de una omisión la conclusión es que estamos en presencia de desprolijidad e incompetencia. De cualquier modo, el resultado final es dejar a la ciudadanía fuera de la toma de decisiones, su desarrollo y su futuro.