Una concejal de la comuna de Torres del Paine presentó una querella por un presunto delito medioambiental, a raíz de graves irregularidades en la disposición de desechos orgánicos derivados de fosas sépticas domiciliarias.
La acción judicial busca establecer responsabilidades tras detectarse que una empresa privada, contratada para retirar los lodos sanitarios de la comuna, no estaría llevando los residuos a la planta de tratamiento de aguas servidas de Aguas Magallanes, ubicada en Puerto Natales, la cual sería el único ente habilitado en la provincia para tales acciones.
Así lo explicó el abogado querellante, Juan José Srdanovic Arcos: “Hemos interpuesto esta querella y hemos pedido que se inicie esta investigación a fin de establecer cuál es el destino de estos lodos que están siendo retirados de la Comuna de Torre el Paine, a fin de evitar un daño medioambiental, porque claramente si no han ingresado a la planta de tratamiento de aguas servidas, debemos suponer que esto se está vertiendo en forma ilegal”.
La preocupación principal recae sobre el incumplimiento de normas ambientales y contractuales. Si bien la empresa cumple con la extracción de los lodos, no se encontraría evidencia de que éstos sean tratados correctamente, situación que podría configurar un ilícito. Srdanovic enfatizó el carácter fraudulento del proceder: “La empresa cumple con retirar los lodos, limpia las fosas sépticas, pero el problema es que no las está llevando a donde tendría que llevarlo”.
Cabe destacar que el pago millonario que recibe la empresa fue acordado bajo exigencias técnicas que garantizan una disposición adecuada de los residuos. El presunto desvío de estos lodos fuera de la planta habilitada no sólo infringe normas medioambientales, sino que podría involucrar otra figura penal por mal uso de caudales públicos y engaño a la fe pública.
“Se le está pagando por el contrato en los términos acordados con el municipio, no para que lo acomode a su pinta”, enfatizó Srdanovic Arcos.
Las penas por delitos medioambientales contemplan presidio efectivo. Adicionalmente, se investiga si existe un incumplimiento contractual doloso que pueda configurar otro ilícito penal.