Dos sujetos fueron aprehendidos a tempranas horas de la mañana del sábado cuando se encontraban llevando a cabo un acto delictivo en el sector centro de Punta Arenas.

Uno de ellos es un asiduo usuario del sistema judicial, identificado como Manuel Alberto Oñate Ruiz, quien en compañía de Hugo Antonio Pérez Pérez no tuvieron mejor idea que intentar ingresar a la bodega de una reconocida empresa de correos y encomiendas ubicada en la calle Mejicana, entre Bories y Chiloé.

Modus operandi

Y es que los antisociales premunidos de una escalera procedieron a superar el cerco perimetral del inmueble, para posteriormente realizar un forado en una lámina de zinc, a través del cual ingresaron a las dependencias de la empresa, para luego intentar generar un segundo forado en las paredes de la bodega.

La escala, y los ruidos de los golpes alertaron a los vecinos de la irregularidad, motivando el llamado a Carabineros que, en cuestión de minutos, llegó al lugar para encontrar “in fraganti” a los antisociales.

La formalización

Luego del trámite de constatación de lesiones, los imputados comparecieron ante el juez de Garantía, En la audiencia el fiscal Fernando Dobson procedió a formalizarlos por el delito de robo frustrado en lugar no habitado.

Al momento de solicitar las medidas cautelares a los imputados, el persecutor solicitó para ambos la prohibición de acercamiento al referido local. Sin embargo, diferenció entre los imputados, tomando en cuenta que Pérez Pérez no presentaba antecedentes, por lo cual solicitó además la medida de firma mensual ante Carabineros.

Diferente fue el caso de Oñate Ruiz, ya que registra un amplio prontuario delictivo. El fiscal solicitó la cautelar de prisión preventiva, a lo cual el magistrado no accedió y en su lugar decretó el arresto domiciliario nocturno y firma semanal ante Carabineros.

Sin embargo, había más para Oñate, ya que a pesar de haber cumpido de forma efectiva sus condenas previas, registraba multas impagas que el tribunal canjeó por un total de 40 días de reclusión, los cuales el condenado deberá cumplir a menos que algún familiar cancele los montos adeudados.

El plazo de investigación para este caso quedó fijado en 60 días.